Introducción: Estadísticas del crimen en México, series históricas

Pablo Piccato

Columbia University

 

Este documento contiene las estadísticas históricas oficiales de la criminalidad en México durante el siglo veinte. Es el resultado de una investigación apoyada por el U.S.-Mexican Center de la Universidad de California en San Diego a través del proyecto sobre Administración de Justicia en México.[1] Desde su inicio, propósito de este trabajo ha sido recopilar y sistematizar información, publicada en diversas fuentes y hasta ahora dispersa, y ponerla a disposición de investigadores y el público interesado. Esta introducción describe brevemente el material que aquí se contiene y señala las limitaciones y posibilides de dicho material como fuente para estudios sobre la criminalidad, el sistema judicial y en general la sociedad mexicana del siglo pasado. En la parte final discutiré los resultados de un análisis preliminar de indicadores establecidos a partir de estos datos para los Estados Unidos Mexicanos en general y el Distrito Federal en particular.

 

Descripción

Los cuadros 1 al 33 presentan los datos básicos para los Estados Unidos Mexicanos y cada uno de los estados. La información proviene de fuentes judiciales: juzgados del fuero común y federal. También se incluyen datos sobre accidentes automovilísticos. Las series provinientes de instituciones de policía, que usualmente enumeran arrestos, son mucho más limitadas cronológica y geográficamente, y por lo tanto sólo se han incluido en esta primera versión como datos para un período muy breve en el Distrito Federal. En otras palabras, las series estadísticas que aquí se publican privilegian la perspectiva de uno de los actores (el sistema judicial) dentro del complejo proceso de interacciones sociales que tiene lugar alrededor de la definición, negociación y castigo del crimen.

La investigación que condujo a estos resultados se llevó a cabo desde los últimos meses de 2002. En una fase inicial identificamos y consultamos todas las fuentes disponibles en bibliotecas y archivos del Distrito Federal. Éstas consistían principalmente en anuarios estadísticos y otras publicaciones oficiales, así como los pocos trabajos académicos que habían recopilado parcialmente este tipo de material. (La lista completa de las fuentes se encuentra en la bibliografía.) En una segunda segunda fase del proyecto, capturamos los datos en un archivo electrónico. Estas dos etapas fueron llevadas a cabo con gran esmero por Laura Rojas bajo mi supervisión. Finalmente, los datos fueron verificados y corregidos para asegurar su consistencia. La versión final se presenta aqué en un archivo de internet que contiene toda la información reunida y la organiza por estado.

            La investigación enfrentó varios obstáculos. El principal fue la dificultad para establecer series consistentes y de larga duración debido la diversidad de criterios de recopilación en las fuentes primarias. El problema es aún más acusado para las tres primeras décadas del siglo, cuando el estado mexicano apenas comenzaba a sistematizar la información sobre delitos (y esto sólo en el Distrito Federal), y las series iniciales fueron interrumpidas por el dislocamiento de la Revolución. No encontramos información sobre los estados en las primeras décadas del siglo. Es posible que esta ausencia pueda remediarse parcialmente con una futura investigación en archivos y bibliotecas estatales –trabajo que estuvo fuera de nuestro alcance.

            Las categorías en los cuadros que siguen son las utilizadas por las instituciones que recopilaron la información. Esto quiere decir que durante la sistematización de los datos evitamos imponer categorías y formas de análisis contemporáneos, y mantuvimos la clasificación diseñada por esas instituciones. Las categorías básicas, sin embargo, siguen vigentes: “presuntos delincuentes”, o simplemente “presuntos”, son las personas que fueron presentadas ante el juez o el ministerio público como sospechosos de un delito.[2] “Sentenciados” refiere al número de personas encontradas culpables por un jurado o un juez de primera instancia.

            Los tipos de crimen listados también utilizan las clasificaciones contenidas en las fuentes, basadas a su vez en los códigos penales. No hemos utilizado categorías que agrupan diversos delitos (“crímenes contra las personas”, por ejemplo), pero sí nos hemos concentrado en los delitos que por mayor regularidad aparecen listados. Algunos de ellos fueron contabilizados en muy pocos años, porque pocos llegaban a los tribunales. Es probable que en algunos casos fueran agrupados por los compiladores originales del material dentro de la categoría “Otros delitos”. No obstante, todos los datos que aquí presentamos permiten comparaciones de largo plazo porque se refieren a crímenes que durante todo el siglo atrajeron la atención de las autoridades judiciales.

            Los delitos del fuero federal fueron listados separadamente porque las autoridades que se hacían cargo de ellos eran distintas de las autoridades locales que atendían los crímenes del fuero común. Las fuentes siempre distinguieron ambos fueros. Esto quiere decir que el número total de los delitos perseguidos por las distintas autoridades judiciales debe ser el resultado de la suma de ambas categorías. Los delitos del fuero federal, sin embargo, constituyen por lo general un número menor en comparación con los del fuero común.

            Es necesario tener en cuenta los límites de la información estadística que aquí publicamos: se trata de información de origen judicial. Los datos sobre arrestos y sobre quejas presentadas ante los agentes del ministerio público (que no necesariamente se convirtieron en consignaciones) se encontraron en forma consistente sólo para unos pocos años, por lo que no fueron incluidos en este documento. Su recopilación y análisis corresponde mejor a investigaciones de tipo local, debido a que la organización y funcionamiento de los cuerpos de policía ha sido mucho menos homogéneos que los del sistema judicial.  Adicionalmente, los datos de origen judicial sólo reflejan los casos en los que las autoridades judiciales fueron alertadas, dejando de lado los casos en los que las víctimas resolvieron no presentar una denuncia o el conflicto se resolvió de manera informal antes de llegar al ministerio público.[3] Volveré sobre estos problemas en las conclusiones.

 

Análisis de los datos nacionales y del Distrito Federal

Para el análisis preliminar de estos datos, los he dividido en a) tasas de los principales delitos por 100, 000 habitantes, b) accidentes automovilísticos, y b) índices de la relación entre números de presuntos y sentenciados.

 

a. Tasas de los principales delitos

            Para establecer las tasas de criminalidad por 100,000 habitantes para los crímenes más frecuentes agregué los datos de totales, homicidio, robo y lesiones de los fueros común y federal. No fue posible hacer lo mismo para violación por no ser una de las categorías listadas los entre delitos del orden federal. Los resultados se presentan como promedios por periodos de cinco años (Cuadros 34 y 35) y en forma gráfica (Gráficas 1, 2, 4 y 5). En las gráficas se utilizó una escala logarítmica para el eje (Y) con el objeto de dar una idea más clara de las variaciones menores y las tendencias a largo plazo.

            Las tendencias generales son las siguientes:

1.        Las tasas de presuntos delincuentes totales, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal, presentan un claro descenso desde desde las primeras décadas del siglo hasta principios de los años ochenta. La tendencia es más marcada en la capital, sobre todo si se tienen en cuenta los datos para la primera década del siglo y principios de los años veinte, cuando encontramos niveles de criminalidad más altos aún que los de fines de los años noventa (Gráficas 1 y  4).

2.        Para el total de los delincuentes sentenciados a nivel nacional la tendencia es de crecimiento, también con un aumento más notable a principios de los ochenta (Gráfica 2). En el Distrito Federal, por el contrario, la tendencia es similar a la de las tasas de presuntos: descenso hasta fines de los años sesenta y un aumento más marcado desde principios de los años ochenta (Gráfica 5). Esta diferencia sugiere la necesidad de realizar un análisis más detallado de estados o regiones para comprender mejor los factores que contribuyen a estas tendencias.

3.        Tanto para presuntos como para sentenciados, y en el país al igual que la capital, el aumento a partir de los años ochenta se explica en gran parte por el incremento del robo, que en esas fechas comienza a superar al delito de lesiones, tradicionalmente más comunes.

4.        La tasas de presuntos homicidas es descendente a nivel nacional y en el Distrito Federal. En este último el descenso desde los primeros años de la década de 1920 es muy marcado, y se observa un incremento más leve a principios de los ochenta. Lo mismo se puede afirmar para el delito de lesiones (Gráficas 1 y 4). En cuanto a la tasa de sentenciados, los datos a nivel nacional muestran una disminución menos acusada para homicidios desde mediados de siglo, y estabilidad en las tasas de lesiones (Cuadro 34). En el caso del Distrito Federal, la disminución es más acusada para ambos delitos.

5.        El delito de violación tiene un comportamiento diferente al de los indicadores mencionados arriba: tanto en el país como en la capital, la tasa de presuntos delincuentes permanece estable, mientras que la de sentenciados aumenta. Este es un ejemplo muy claro del impacto de las estrategias del sistema judicial sobre los resultados estadísticos oficiales.

 

b. Accidentes automovilísticos

Las tasas de accidentes automovilísticos por habitante muestran un incremento sostenido a nivel nacional y niveles estables o levemente decrecientes en el Distrito Federal (Gráficas 3 y 6, Cuadros 36 y 37). En ambos casos, el número de muertos a causa de accidentes automovilísticos supera el de presuntos responsables de homicidio (considerado homicidio imprudencial por los tribunales en los casos en que el accidente da lugar a una consignación).

 

c. Índices de la relación entre  presuntos y sentenciados

Las observaciones anteriores son el punto de partida para formular preguntas e hipótesis más precisas y para incorporar la información cuantitativa a una investigación cualitativa sobre instituciones y prácticas asociadas con el crimen, el castigo y la seguridad pública.[4] Para completar este primer acercamiento a la información estadística reunida, sin embargo, es preciso observar en detalle el problema que emerge de la disparidad en las tendencias de sentenciados y presuntos observada arriba (§a1, y sobre todo §a4 y §a5).

Los Cuadros 36 a 41 muestran los resultados de dividir el número de presuntos delincuentes entre el de delincuentes sentenciados. Esto da una idea de la efectividad del sistema judicial y, al igual que las tasas por 100,000 habitantes, permite comparaciones. Me limitaré a señalar las diferencias entre las diversas jurisdicciones y los diversos delitos:

1.        En términos generales (Cuadro 38) se puede observar que el Distrito Federal tiene una índice más alto, indicando una menor efectividad del sistema judicial. La diferencia se deriva sobre todo del delito de lesiones, para el que hay un sentenciado culpable por 2.25 casos presentados ante las autoridades judiciales –en otras palabras, las autoridades no parecen haber puesto tanto empeño en lograr sentencias condenatorias para los acusados de este delito.

2.        La serie de índices para el fuero común en los Estados Unidos Mexicanos (Cuadro 39) muestra una mejora constante –es decir, una mayor eficacia del ministerio público. Lo mismo es el caso en el Distrito Federal (Cuadro 41), sobre todo si se toman en cuenta las altas índices de las primeras cuatro décadas del siglo. Este cuadro, sin embargo, revela un problema: los índices para homicidio en varias décadas son menores de 1, lo que indica que el número de presuntos homicidas es menor al de sentenciados. La anomalía no se puede explicar como un producto de la demora en los juicios (los presuntos de un año son los sentenciados del año siguiente) puesto que esto sucede en varios años consecutivos. Una explicación posible es que personas consignadas por lesiones hayan sido sentenciadas por homicidio debido a la muerte de la víctima en fecha posterior a la consignación.

3.        Ambos cuadros (39 y 41) muestran que el delito de violación es el que tiene los índices más altos de impunidad, aunque es claro que tienden a disminuir hacia finales del siglo. Como veremos más adelante, esto requiere una interpretación específica con conclusiones probablemente menos optimistas.

4.        Los índices para delitos federales (Cuadros 40 y 42) también tienden a mejorar en el caso de los datos nacionales, aunque tanto ahí como en el Distrito Federal son más altos que los de los delitos del fuero común. Incluso en el tipo de delito que ha atraído mayor atención y recursos de las autoridades federales en las últimas décadas (el tráfico de drogas, clasificado como delitos contra la salud), las autoridades judiciales federales en la capital son menos eficaces que las del fuero común frente a los demás tipos de crímenes: en la última década, el índice es de 1.32 en delitos contra la salud, contra 1.16 para los totales del fuero común (Cuadros 41 y 42).

5.        Estos índices se deben poner en relación con información de diversas fuentes sobre la proporción de delitos que nunca son denunciados o no llegan a una consignación judicial. La proporción de esta “cifra negra” de delitos cometidos pero nunca denunciados ha sido estimada, para períodos recientes, en más del 80 por ciento. Entre 1933 y 1938 se pueden comparar las series de delincuentes presuntos y sentenciados con el número de actas levantadas y arrestos por la policía en el Distrito Federal (Cuadro 43). Los números de arrestos por la policía incluyen infractores de reglamentos (borrachos, prostitutas) a los que se procesaba administrativamente, generalmente con una corta detención y una multa. Las actas levantadas probablemente incluían eventos no definidos necesariamente como crimenes (accidentes automovilísticos, que en el último año citado sumaron 2,316). Aún así, la vasta diferencia de las cifras totales demuestra que la acción judicial solo concernía a una fracción (menos de un tercio, si se comparan presuntos delincuentes con actas levantadas) de las conductas que otros actores sociales definían como criminales, pero que no eran definidas así oficialmente.

 

Conclusiones

La información estadística aquí presentada es una puerta de entrada para futuras investigaciones históricas sobre el crimen en México y para poner en un contexto histórico los procesos observados en los últimos años. Las siguientes son algunas preguntas y respuestas preliminares en ambos sentidos.

1.            ¿Se puede creer la evidencia sobre tasas descendentes a lo largo del siglo veinte? Las tendencias decrecientes, particularmente a mediados del siglo, parecen contradecir otras fuentes cualitativas que señalan niveles muy altos de criminalidad durante esas mismas décadas. Esta deficiencia de los indicadores estadístico puede explicarse como el resultado de la desconfianza de la sociedad civil hacia un sistema judicial y un aparato policial generalmente percibidos como corruptos, y que por lo tanto disuaden a las víctimas de presentar denuncias. La brecha entre actas levantadas, presuntos delincuentes y sentenciados es un signo inequívoco de la ineficacia del aparato judicial. Un corolario escéptico sería que la evidencia estadística es sólo el producto de prácticas burocráticas sin relación con la realidad. Sin embargo, el hecho de que la diferencia entre presuntos y sentenciados tienda a disminuir sugiere que la ineficacia judicial como factor de la desconfianza ciudadana no es una distorsión que afecte sólamante a las décadas recientes como un factor en los incrementos de las tasas. Más aún, contra el escepticismo se pueden oponer dos razones para continuar con la captura, consolidación y análisis de las estadísticas históricas de la criminalidad: En primer lugar, los datos cuantitativos son sólo una pieza de un rompecabeza más grande y conceptualmente complejo. Cualquier afirmación basada en este material debe ser contrapuesta a otras fuentes de información. Mas aún, el trabajo histórico requiere un uso crítico de las categorías legales y criminológicas que estructuraron la recolección inicial de estos datos. El examen de la eficacia del sistema judicial es una parte central de ese uso crítico. En segundo término, las coincidencias entre los datos nacionales y los relativos al Distrito Federal sugieren que los índices de criminalidad sí registran tendencias reales. Una visión crítica, por lo tanto, no invalida los resultados presentados aquí. El programa para la investigación futura incluye perfeccionar la evidencia cuantitativa y explicarla más allá de sus distorsiones.[5]

2.            ¿Qué tan “nuevo” es el problema actual del crimen? No tanto, por lo menos en lo que hace a su frecuencia. No obstante la preocupación de la opinión pública y el estado acerca del reciente incremento de la criminalidad, los índices aquí presentados sugieren que el crimen era tanto o más común en las primeras décadas del siglo veinte. La mayor parte del siglo se puede caracterizar por índices descendentes en los crímenes más frecuentes. El hecho que la importancia política del problema del crimen parezca mayor en los últimos años que en cualquier periodo anterior (una impresión reforzada por las recientes encuestas sobre el impacto del problema del crimen) no significa necesariamente que ese impacto sobre la vida cotidiana de la sociedad sea mayor en la actualidad. Fuentes cualitativas son necesarias para entender las percepciones públicas de un problema que, por lo menos en el Distrito Federal, era íntimamente asociado con el de la corrupción judicial y policial.

3.            ¿Cómo caracterizar y explicar el aumento reciente? La actual tendencia de mayor frecuencia en los crimenes principales puede trazarse a los inicios de la década de 1980, y en su mayor parte al aumento en la frecuencia del robo. Esto sugiere que los factores socioeconómicos tienen una grande, aunque no exclusiva importancia para explicar las tendencias actuales. La articulación pública del problema del crimen y su impacto político en la transición hacia un régimen democrático probablemente no se expresan en los datos cuantitativos, pero sin duda también son elementos centrales para entender la situación actual.

4.            ¿Es más eficaz la centralización de la persecución del delito? Los datos sobre delitos federales arrojan serias dudas sobre la utilidad de crear instituciones con más presupuesto y facultades legales más amplias para perseguir el crimen. Aún en los delitos contra la salud, objeto central de la actividad del ministerio público federal, los índices de presuntos entre sentenciados sugieren un fracaso de las macro-estrategias centralizadoras. La acción policial federal se concentra en prácticas criminales como el tráfico de drogas, que no son obviamente prioritarias para mejorar la seguridad de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero que a causa de las estrategias judiciales generan hostigamiento policial y corrupción. Se puede afirmar hipotéticamente que esos recursos tendrían un impacto socialemente más positivo si se aplicaran de manera decentralizada contra otras prácticas que afectan a un mayor número de víctimas, como el robo, la violencia contra las personas y los accidentes de tránsito.

5.            ¿Es más violento el crimen en la actualidad? No parece ser así. Las décadas posteriores a la revolución, los años viente y treinta, se caracterizaron por una mayor incidencia de homicidio y lesiones que en los últimos años. Es probable que en la década de los diez la violencia criminal haya también aumentado, como producto de la guerra civil y la inestabilidad política –no existen datos cuantitativos, aunque sí bastante evidencia testimonial, para apoyar esta suposición. Desde entonces, el índice de homicidio ha descendido constantemente. Es posible, aunque la evidencia presentada aquí no permite corroborarlo, que haya aumentado el uso de violencia asociada con el robo, creando la impresión actual de una criminalidad más violenta en general.

6.            ¿Ha disminuido, por lo tanto, la violencia contra las mujeres? La evidencia cuantitativa sugiere lo contrario, aunque tampoco es conclusiva. El delito de violación, y probablemente los demás delitos sexuales, parece tener una lógica que los distingue de los demás. La creciente incidencia registrada por las fuentes estadísticas puede sugerir tanto una mayor frecuencia como una mayor disposición de las víctimas a presentar denuncias –hipótesis que sería reforzada por una mayor eficiencia en términos de la relación entre presuntos y sentenciados, como lo indican los Cuadros 37 y 39. Sin embargo, la evidencia testimonial, tanto en el Distrito Federal como en otras áreas del país, muestra que la violencia de género es un problema que parece ir en aumento, sin que que las autoridades políticas y judiciales respondan a ello con los recursos y la sistematicidad dedicados al tráfico de drogas. La respuesta a esta pregunta merece futuras investigaciones.

 

pp143@columbia.edu

Nueva York, 8 de diciembre de 2003

 

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[1] La información sobre el siglo diecinueve, compilada por Elisa Speckman, se incorporarán a la presente en una fase posterior del proyecto. Agradezco de antemano las observaciones y adiciones que otros investigadores haga a este documento.

[2] A partir de 1953, se comenzó a definir como presuntos sólo a los sospechosos declarados “bien presos” por los jueces. El efecto de corto plazo de este cambio de este cambio se puede observar en las gráficas de presuntos por 100,000 (Gráficas 1 y 4), aunque las tendencias generales no parecen haber sido afectadas por el nuevo criterio. Véase Rafael Ruiz Harrell, Criminalidad y mal gobierno (México: Sansores y Aljure, 1998). Otros tratamientos de la evidencia cualitativa mexicana incluyen a Distribución, tendencia y ritmo de la criminalidad en la República Mexicana. Periodo 1940-1977, (México: Inst. Mexicano de Ciencias Penales, 1987); Alfonso Quiroz Cuaron, La criminalidad en la República Mexicana y el costo social del homicidio, Derecho penal contemporáneo 29 (México: UNAM, 1958); Alfonso Quiroz Cuarón, José Gómez Robleda, and Benjamín Argüelles, Tendencia y ritmo de la criminalidad en México, D.F. (México: Instituto de Investigaciones Estadísticas, 1939); Alfonso Quiroz Cuarón., La Criminalidad en la República Mexicana (México: UNAM, 1958). La constitución de 1917 y posteriormente las reformas a los códigos de procedimientos penales desplazaron la responsabilidad de investigación de los jueces al ministerio público.

[3] Para una discusión sobre los límites de este material, en particular las diversas distorsiones que afectaban a delitos en particular, véase Pablo Piccato e Ira Beltrán, "Crimen en el siglo XX: Fragmentos de análisis sobre la evidencia cuantitativa," en Ciudad de México: Los últimos cien años, los próximos cien años, ed. Ariel Rodríguez Kuri y Sergio Tamayo (México: Universidad Autónoma Metropolitana, en prensa, también disponible como documento de internet en http://www.columbia.edu/~pp143/fragmentos.htm); Pablo Piccato, City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931 (Durham, N.C.: Duke University Press, 2001), 221-22.

[4] Véase una discusión más detallada de alguno de estos temas en Pablo Piccato, "A historical perspective on crime in twentieth-century Mexico City", (15 de mayo de 2003), Center for U.S.-Mexican Studies. Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico, documento de internet, http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/piccato/, consultado 8 de diciembre de 2003.

[5] Como referencia sobre el uso histórico de este material véase Eric A. Johnson, "The Crime Rate: Longitudinal and Periodic Trends in Nineteenth- and Twentieth-century German Criminality, from Vormärz to Late Weimar," en The German Underworld. Deviants and Outcasts in German History, ed. Richard J. Evans (New York: Routledge, 1988); Eric A. Johnson, Urbanization and Crime: Germany 1871-1914 (New York: Cambridge University Press, 1995); Howard Zehr, Crime and the Development of Modern Society. Patterns of Criminality in Nineteenth Century Germany and France (London: Croom Helm, 1976).