CATALUNYA DEBE TENER una agencia tributaria propia, pues eso la protegerá ante las potenciales arbitrariedades de futuros gobiernos radicales

XAVIER SALA I MARTÍN - 00:00 horas - 17/04/2005
Entre los problemas de la economía catalana, destaca el de su pertinaz déficit fiscal con España. Y es que, a pesar de que sus ciudadanos pagan los impuestos que les corresponde, el Estado gasta en Catalunya mucho menos de lo que sería razonable. Aunque ni mando ni asesoro a ninguna de las partes implicadas, permítanme que hoy haga, desde aquí, una propuesta de reforma basada en cuatro puntos.

Primero, Catalunya debe tener una agencia tributaria propia. Además de darle poder de negociación, eso la protegerá ante las potenciales arbitrariedades de futuros gobiernos radicales -de derechas o de izquierdas- españoles.

Segundo, Catalunya debe decidir los impuestos que mejor se adapten a su estructura económica -que es distinta de la española- con el objetivo de fomentar el crecimiento y el bienestar de sus ciudadanos.

Tercero, con el dinero recaudado se pagará al Gobierno español la parte proporcional de los gastos indivisibles centrales como embajadas, ministerios o ejército porque éstos deben ser divididos solidariamente entre todos los ciudadanos a los que, presumiblemente, benefician. Hasta aquí, creo, todos los partidos catalanes están de acuerdo.

Cuarto, Catalunya pagará a España una contribución adicional (aunque algunos políticos hablan de cuota de solidaridad, amí no me gusta esa palabra porque es vaga y, en consecuencia, susceptible de generar arbitrariedades fiscales. Propongo llamarla contribución adicional para que todo el mundo entienda que es una contribución que suplementa lo que ya se ha pagado de acuerdo con el apartado anterior). Esta contribución adicional debe ser transparente, pública, verificable y sujeta a tres principios fiscales fundamentales.

El primero es el de la equidad: todos los ciudadanos deben ser tratados igual, por lo que el gasto por habitante debe ser el mismo en todo el territorio. Eso implica que la proporción de toda la recaudación fiscal de España que va a parar a Catalunya debe ser igual a la población relativa. Dado que Catalunya tiene el 15% de la población española, el criterio de equidad sugiere que la fracción del dinero español que debe quedarse en Catalunya es del 15%.

El segundo principio es el de la eficiencia: el Estado no sólo está para redistribuir, sino que también debe fomentar la eficiencia económica. En este sentido, las regiones que más generan, deben tener más servicios públicos: hay que hacer más carreteras allí donde hay más camiones. O sea, que el gasto relativo debe ser igual al PIB (o al esfuerzo fiscal) relativo. Dado que Catalunya genera el 19% del PIB español, el 19% del dinero público debe quedarse aquí (21% si escogemos el esfuerzo fiscal relativo).

Para compaginar los principios de equidad y eficiencia, el nuevo sistema de financiación debería, pues, hacer que la cuota adicional sea un promedio ponderado de la población (15%) y renta relativa (19%). La pregunta es: ¿qué peso o importancia debe tener cada uno de los dos factores en la ponderación? La respuesta nos la da el tercer principio fundamental: las políticas de redistribución regional nunca funcionan si son perpetuas: un Gobierno que sabe que va a recibir montañas de dinero cada año, tiene pocos incentivos para comportarse de manera eficiente y sacar su economía del pozo.

Por ese motivo, propongo que, en un primer momento, se dé el mismo peso a la equidad y a la eficiencia y que, con el tiempo, la importancia de la eficiencia vaya aumentando, cosa que automáticamente reducirá la contribución adicional. Más concretamente, mi propuesta es que, en el primer año, la proporción del dinero que finalmente se invierta en Catalunya sea igual a un medio de la población relativa más un medio de la renta relativa. El segundo año, las ponderaciones deben ser un tercio para población y dos tercios para la renta. El tercer, cuarto, quinto años, el peso de la población debe pasar a un cuarto, un quinto y un sexto respectivamente, y así sucesivamente (si en lugar de la renta utilizamos el esfuerzo fiscal relativo, la contribución adicional desaparecía a medio plazo).

Si hacen ustedes las matemáticas verán que, concretamente, mi propuesta implica que la contribución adicional del primer año será del 17% de los impuestos pagados por los catalanes, lo cual corresponde a un déficit fiscal del 4,6% del PIB. Esa cantidad refleja una gran solidaridad (¡17% de nuestros impuestos!) y debería ser aceptada por todos aquellos que dicen que los catalanes exageran cuando dicen que el déficit no es del 8% o 9% del PIB.

Si la renta de España no converge con la de Catalunya, el segundo, tercer y cuarto años, la cuota adicional sería del 15,7%, 14,5% y 13,7% de nuestra recaudación. Al cabo de 25 años, los catalanes todavía enviaríamos a España el 10% de nuestros impuestos (o el 2,6% de nuestro PIB). Si, por el contrario, la renta española converge con la catalana, la cuota adicional desaparece automáticamente... como debe ser.

Una ventaja de esta fórmula es que debería ser asumible por todas las comunidades porque, además de redistribuir y tratar a todos los ciudadanos con la equidad que exige la izquierda centralista, fomenta la eficiencia y la racionalidad económica que exige la derecha radiofónica. Es más, al basarse en una regla clara y transparente, impedirá las arbitrariedades actuales y evitará que los incendiarios habituales acusen de insolidarios a quienes, en realidad, resulta que más contribuyen.

Lucharán los partidos. Lloverán insultos. Sea como fuere, queda escrita, aquí y hoy, mi propuesta de finançament.

 

XAVIER SALA I MARTÍN, Fundació Umbele, Columbia University y UPF www.umbele.org