SON LOS CIUDADANOS, y no los burócratas, los que deben decidir cómo se invierte el fruto de su propio trabajo para asegurar su futura pensión

XAVIER SALA I MARTÍN - 00:00 horas - 10/02/2005
Los cargos electos de este país hemos sido investidos por los votos de los ciudadanos a los que servimos. Esta noche compartimos ese privilegio con los recientemente elegidos líderes de Afganistán, Palestina, Ucrania e Iraq". Con esas palabras empezó George W. Bush su quinto discurso sobre el estado de la Unión. Con esas referencias, el presidente quiso poner de relieve que la política exterior de su segundo mandato buscará la expansión de la libertad y la democracia como arma para luchar contra el terrorismo.

El eje central del discurso de Bush, sin embargo, no fue la política exterior, sino la reforma de la Seguridad Social. De todos es sabido que muchos programas de pensiones de todo el mundo van a tener problemas de solvencia cuando empiece a retirarse la generación del baby boom.

La razón es que la Seguridad Social de la mayoría de los países (entre los que están tanto España como Estados Unidos) funciona de la siguiente manera: el Estado obliga a los trabajadores a pagar una porción de su salario y reparte el dinero entre los jubilados.Acambio, los contribuyentes esperan que cuando ellos se jubilen también se les pagarán pensiones con las contribuciones de los futuros jóvenes. Se forma así una enorme pirámide financiera en la que cada generación paga las pensiones de la anterior. El problema se presenta cuando, ¡vicisitudes de la demografía!, aparece una generación anormalmente multitudinaria (el baby boom)seguida de otra menos numerosa: cuando los miembros de la primera se retiran, los impuestos que paga la segunda no bastan para pagar las pensiones y la pirámide se derrumba. Para solucionar el problema, Bush propone que los trabajadores jóvenes puedan -si quieren- poner una parte de sus contribuciones en fondos de pensión privados con el objetivo de que puedan complementar lo que se prevé que sean unas minúsculas pensiones cuando el sistema deje de ser solvente.

No hace falta decir que la reacción de los analistas de izquierdas ha sido la de llevarse, horrorizados, las manos a la cabeza.Yes que el presidente utilizó el concepto más tabú, el término más sacrílego del diccionario progresista: pronunció la palabra ¡privado! Muchos se han apresurado a denunciar que si se privatiza la Seguridad Social, los ricos serán cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Otros han corrido a apuntar que las recientes pérdidas de las bolsas de todo el mundo demuestran lo arriesgado de poner los ahorros de uno en manos de la arbitrariedad de los mercados.

Todos ellos olvidan otras arbitrariedades, las que comporta el sistema actual, que, sin ir más lejos, permite que los políticos den unas pensiones tan bajas a las viudas españolas que las condena a vivir bajo el umbral de la pobreza.Yeso no es un riesgo, es una certeza. Yo, en principio, estoy a favor de que los ciudadanos decidan cómo invierten su dinero, sobre todo si con ello pueden obtener un rendimiento superior.

También creo que es bueno que los herederos de quien ha cotizado toda la vida puedan disfrutar del dinero ahorrado (con el sistema actual, si un trabajador muere a los 65 después de haber contribuido durante 45 años, el Estado paga una pensión ridícula a su viuda y sus hijos no reciben ni un euro).

Finalmente, pienso que la privatización es deseable, porque da la propiedad legal del dinero a sus legítimos dueños, que no son ni burócratas ni políticos, ni demás vividores del bolsillo ajeno, sino los trabajadores. Dicho esto, la verdad es que la privatización parcial que propone Bush no evitará la quiebra del programa de pensiones. La razón es que el dinero que los ciudadanos decidan invertir por su cuenta no va a poder ser utilizado para pagar las pensiones del momento, y eso agravará la falta de solvencia del sistema. ¡Sí!, es cierto que los planes de pensiones privados van a dar un rendimiento superior al que da el sistema público y que eso permitirá reducir las futuras pensiones públicas de esos mismos trabajadores. Pero la mayoría de los estudios indica que el rendimiento privado no es suficientemente alto como para compensar la reducción de las cotizaciones. La privatización, pues, no evitará la quiebra de la Seguridad Social.

La solución más justa es, ami juicio, el retraso de la jubilación. Al fin y al cabo, cuando la Seguridad Social se generalizó durante la primera mitad del siglo XX, se esperaba que la gente cobrara pensiones durante 15 meses, ya que la esperanza de vida era de menos de 65 años. En la actualidad, la gente cobra durante 18 años, ya que la esperanza de vida sobrepasa los 80. Hoy, la mayoría de los ciudadanos de 65 años todavía son jóvenes y pueden (y muchos quieren) trabajar. Quizá no puedan hacer ciertos trabajos físicos, pero, del mismo modo que cuando los futbolistas cuelgan las botas no dejan de trabajar, sino que se dedican a otras cosas, la gente a los 65 años podría dedicarse a labores acordes con su experiencia y edad.

En resumen: la privatización parcial de la Seguridad Social no es la panacea que salve el sistema de pensiones de la quiebra y Bush debería dejar de vender su propuesta como tal. El presidente debería defender la privatización argumentando que son los ciudadanos, y no los burócratas, los que deben decidir cómo se invierte el fruto de su propio trabajo. Dicho de otro modo, Bush debería aplicar a su política interior el discurso que utiliza para la política exterior: el mundo funciona mejor cuando a los ciudadanos se les deja elegir. Es decir, cuando se desencadena el gran poder de la libertad.

 

XAVIER SALA I MARTÍN, de la Fundació Umbele, Universidad de Columbia (EE.UU.) y UPF. www.umbele.org