ECONOMÍA

Las elevadas tasas de crecimiento de la economía catalana llevan ya tiempo siendo superiores a las españolas y éstas, a su vez, superando a las europeas. Nuestro crecimiento ha conllevado notables reducciones en las tasas de paro y sustanciosos aumentos de renta. Claramente, nuestra situación económica es encomiable y podemos y debemos sentirnos satisfechos.

La pregunta es: ¿cuánto durará esta bonanza? Para que un proceso de crecimiento sea sano y duradero, la capacidad productiva (la oferta) ha de aumentar más o menos al mismo ritmo que las necesidades económicas (la demanda). Cuando la oferta crece menos que la demanda, las empresas se ven tentadas o incluso obligadas por el mercado a subir precios. Éstas, a su vez, hacen que nuestros productos tiendan a encarecerse más que los de nuestra competencia, situación que los expertos catalogan de pérdida de competitividad. A largo plazo, esa pérdida de competitividad erosiona la demanda (ya que "si nos hacemos caros", nos comprarán menos), lo que acaba por poner fin a la bonanza económica. En resumen, situaciones de crecimiento descompensado en las que la demanda crece más que la oferta no pueden durar.

No hace falta ser un gran analista para darse cuenta de que es esta situación de crecimiento descompensado la que describe nuestra coyuntura, ya que los incrementos de precios o inflación en Cataluña son superiores a los españoles y éstos, a su vez, superan a los europeos. En este sentido, si las medidas impulsadas por el Gobierno inducen a las empresas a competir aumentando la producción en lugar de aumentar precios (si permiten que la oferta aumente al mismo ritmo que la demanda), deberemos concluir que la liberalización debe ser aplaudida: sin la liberalización de la oferta, el crecimiento del que disfrutamos no tardará en desaparecer.

Ahora bien, también hay que señalar que un proceso de desregulación excesivamente rápida y de liberalización no coordinada puede conllevar situaciones injustas que el Gobierno debería evitar. Por ejemplo, la liberalización de los horarios comerciales (que, no por casualidad, es la medida más polémica) va a perjudicar seria e injustamente a los pequeños comerciantes si antes no se liberalizan otros aspectos como el mercado laboral. Para un comercio pequeño, contratar a uno o dos trabajadores adicionales para que abran los domingos puede resultar ruinoso mientras que ese es un coste trivial para una gran superficie. En consecuencia, la pequeña empresa va a perder una parte importante de las ventas semanales y no será porque está produciendo un producto poco atractivo a un precio demasiado alto (perder por este motivo sería bueno desde el punto de vista de la eficiencia), sino porque el Gobierno habrá liberalizado los horarios comerciales sin desregular previamente el mercado laboral. En este sentido, la libertad de horarios impondrá grandes e injustas pérdidas en un sector que, si fuera tratado en términos de igualdad, podría ser competitivo. A largo plazo, los pequeños comercios deben poder sobrevivir sin la protección del Gobierno. A corto y medio plazo, es responsabilidad del Gobierno que miles de estas pequeñas empresas no desaparezcan simplemente porque se ha aplicado un proceso liberalizador parcial que no les ha permitido luchar en igualdad de condiciones.

XAVIER SALA I MARTÍN, profesor de la Universidad Columbia y de UPF