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OPINIÓN
Educando a los marginados
La Vanguardia - - 10:35 horas - 18/08/2000
XAVIER SALA I MARTÍN


JAVIER AGUILAR
Uno de los temas que más preocupan a los radicales que boicotean las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial o el FMI es el del trabajo infantil. Algunos de esos globófobos violentos que aparecen en televisión disfrazados de maíz, destruyendo los cristales de algún McDonald's, utilizan a los niños pobres del Tercer Mundo para proteger sus excesivamente remunerados puestos de trabajo en Europa o Estados Unidos. La mayoría de los manifestantes, sin embargo, tiene intenciones mucho menos egoístas y se mueve por un bienintencionado idealismo. Unos y otros piden la prohibición de las importaciones de productos sospechosos de ser producidos por niños y el boicot popular a las empresas que utilizan mano de obra infantil.

Pero las buenas intenciones no siempre son garantía de resultados favorables y a menudo tienen consecuencias devastadoras para los menores y sus familias. Es evidente que a los padres más pobres de India, Brasil, Zambia o México les encantaría que sus hijos fueran a la escuela. Pero su extrema pobreza les obliga a poner a sus niños a trabajar para sobrevivir. Y hacen esto a pesar de que entienden que los salarios que los menores obtendrían en el futuro serían mucho mayores si siguieran en la escuela. Pero la pobreza no es aliada de la planificación familiar a largo plazo y la necesidad inmediata es abrumadora. Bajo estas circunstancias, la prohibición internacional del trabajo infantil o el boicot a las multinacionales no solucionaría el problema de fondo. Al contrario, llevaría a los menores a trabajar para empresas locales en condiciones mucho peores que las ofrecidas por las multinacionales, a buscarse la vida entre las basuras de las ciudades o a prostituirse para beneficio del turismo sexual. La "solución" propuesta por los manifestantes ricos, pues, sólo empeora la situación de los niños pobres.

Algunos países han intentado poner fin a tan dramática situación introduciendo leyes de escolarización obligatoria hasta los 15 años, leyes que han fracasado miserablemente debido a su muy difícil implementación: si los padres no quieren que sus hijos vayan al colegio porque deben aportar dinero a la economía familiar, no hay nada que el gobierno pueda hacer. El absentismo escolar en las zonas rurales de África, Centroamérica o Asia es simplemente devastador.

Para encontrar una solución, lo primero que se debe entender es que se trata de un problema económico: los beneficios de llevar a los niños a la escuela sólo aparecen en el largo plazo, mientras que los costes que para las familias representa la escolarización y consiguiente pérdida del salario de los menores son inmediatos. Y cuando uno es pobre, no puede esperar. Una vez entendido esto, la solución es obvia: los gobiernos podrían pagar un salario a los niños que van a la escuela. Si lo que ganan yendo al colegio y estudiando es igual (o incluso un poco menos) que lo que ganan trabajando, las familias obligarán a sus hijos a seguir estudiando. Los incentivos de los padres se alinean con los de los niños y el problema desaparece.

No es sorprendente que haya sido un economista, el todavía presidente de México y doctor de la universidad norteamericana de Yale, Ernesto Zedillo, quien haya introducido un programa de este tipo para educar a dos millones de niños de los barrios más marginales de 13 estados mexicanos. Bajo el nombre de Progresa, el Gobierno mexicano paga desde unos 80 pesos por hijo en tercero de primaria hasta unos 165 pesos por hija en bachillerato (las hijas cobran más debido a su superior tendencia a abandonar la escuela para convertirse en empleadas del hogar). La familia media beneficiaria cobra 375 pesos mensuales (unas 7.500 pesetas) de Progresa. No se trata de un simple programa de becas, sino que la familia no cobra si el niño no va a la escuela (el dinero se pierde si el niño no acude al 15% de las clases) o no aprueba los exámenes. Los salarios de estudio suben a medida que el niño o la niña avanza en sus estudios para incentivar la graduación final. Hay que recordar que el salario diario en una plantación de la zona es de unas 500 pesetas diarias, por lo que 7.500 pesetas mensuales representa un incentivo notable. Los resultados de este innovador programa educativo fueron presentados la semana pasada en Washington con motivo del tercer aniversario de su creación. El veredicto es claro: la escolarización ha subido y el absentismo escolar ha bajado de manera substancial entre los niños y niñas más pobres de México. Lógicamente, el trabajo infantil todavía no ha sido erradicado en México, pero el éxito ha sido tan notable, que otros países lo están empezando a copiar.

¿Y de dónde sacarán el dinero?, se preguntará el lector. Una parte llegará del Banco Mundial y la ONU, que ya lo están estudiando. Pero, mientras ese dinero no llega, los gobiernos de los países interesados podrían reducir el gasto en educación universitaria (que tiende a beneficiar a una minoría privilegiada que podría financiar sus propios estudios a través de créditos) y utilizar esos recursos para financiar la educación primaria, que es mucho más vital.

En lugar de atacar a las multinacionales y al neoliberalismo abstracto tirando piedras y comportándose incivilizadamente, los globófobos deberían dedicarse a utilizar sus más que notables energías en convencer a los gobiernos de los países pobres de que la solución existe, pero que esta no pasa por la simple prohibición del trabajo infantil. Las buenas ideas constructivas, como el programa Progresa, siempre aportan más que la violencia destructiva.

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XAVIER SALA I MARTÍN, catedrático de la Universidad de Columbia y profesor de la UPF

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[Jueves, 17 de agosto de 2000]



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