La expulsión de los jesuitas
El rey fundamentaba el decreto de expulsión de los jesuitas del 27 de febrero de 1767 en su obligación de "mantener en subordinación, tranquilidad y justicia los pueblos del reino" y en "otras causas urgentes justas y necesarias". El conde de Aranda, militar de profesión y perteneciente a la alta nobleza, nombrado presidente del Consejo de Castilla a raíz del motín de Esquilache, fue el encargado de organizar la expulsión. Preparada con gran secreto, se llevó a cabo simultáneamente en las ciento veinte casas que tenía la Compañía en España. Más de dos mil jesuitas (a los que se agregaron otros tantos de América) fueron embarcados con rumbo a Italia, donde el papa Clemente XIII los recibió muy a disgusto. Del producto de la confiscación de los bienes de la Compañía el gobierno les dio una pequeña retribución. Muchos de los expulsados eran literatos notables. Las monarquías borbónicas no consideraban cerrada la lucha contra la Compañía con su expulsión de sus respectivos dominios; querían la abolición total. El rey de España, secundado por los de Francia, Portugal y Nápoles, presionó fuertemente al papa Clemente hasta obtener su disolución.